Concejales de Cravo Norte denuncian ante la Asamblea Departamental crisis por obras inconclusas


La concejal del municipio de Cravo Norte, Carolina Cisneros, intervino ante la plenaria de la Asamblea Departamental de Arauca para exponer la profunda inconformidad y afectación social que padece su comunidad debido al estancamiento de los principales proyectos de infraestructura local.

Durante su declaración, la cabildante alertó que la localidad parece atrapada en un ciclo histórico donde las contrataciones públicas quedan a medias, convirtiendo las expectativas de desarrollo en monumentos a la ineficiencia y focos de preocupación para el erario y la población civil.

Entre los proyectos críticos puestos bajo la lupa de la duma departamental sobresale el megaproyecto de pavimentación y mejoramiento del corredor vial que conecta a Cravo Norte con el resto del departamento. Esta obra de conectividad, que compromete una inversión presupuestal cercana a los 47.000 millones de pesos, acumula cerca de seis años de parálisis institucional entre prórrogas consecutivas, suspensiones técnicas y retrasos en la ejecución de los tramos asignados, obligando a los habitantes a padecer el aislamiento geográfico.

De igual forma, Cisneros denunció el abandono del malecón municipal, una obra turística y de contención que lleva más de ocho años sin ser culminada ni entregada oficialmente a las autoridades locales.

A la lista de infraestructuras paralizadas se suma la cancha de fútbol municipal, un escenario deportivo intervenido mediante un convenio de cofinanciación con el Instituto Departamental del Deporte y la Recreación (Inder Arauca). La concejal cuestionó que las obras, enfocadas de forma prioritaria en el cerramiento perimetral y la adecuación técnica del terreno de juego, permanezcan clausuradas e inhabilitadas para la juventud cravense.

Asimismo, la corporada aprovechó la tribuna para visibilizar presuntas irregularidades laborales y moras en el pago de salarios a los obreros locales contratados por los consorcios, censurando que contratos superiores a los 1.000 millones de pesos incumplan con las obligaciones económicas básicas de los trabajadores que instalan los insumos y las mallas de seguridad.


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