Keinly Liliana Páramo Cáceres, una profesional de la enfermería colombiana de 29 años, completó más de cuatro años privada de la libertad en territorio venezolano, tras ser detenida el 12 de enero de 2022. La ciudadana sostiene su inocencia frente a los cargos de terrorismo que se le imputan y ha solicitado formalmente el acompañamiento del Gobierno de Colombia para la revisión de su situación
jurídica.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, la detención se produjo cuando se movilizaba en un vehículo de transporte público tipo taxi con destino a la frontera con Colombia, luego de realizar un viaje turístico. El automotor fue interceptado en un puesto de control (alcabala) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la localidad de San Juan de Payara, estado Apure.
Páramo Cáceres relató que, tras una primera inspección en el puesto vial, los pasajeros fueron conducidos al batallón militar de la zona, donde un oficial con rango de mayor determinó que no portaban elementos de carácter ilícito. Sin embargo, según su declaración, horas más tarde se hicieron presentes funcionarios que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
“Nos vuelven a requisar, a pesar de que el mayor del batallón les informa que no teníamos nada irregular. La persona del DGCIM responde textualmente que no importaba, ya que servíamos mucho por el hecho de ser colombianos”, afirmó la detenida.
La denunciante añadió que, posteriormente, los ocupantes del vehículo fueron trasladados con los rostros cubiertos hacia bases militares en Merecure (municipio de Biruaca) y San Fernando de Apure. En estas instalaciones, según la versión de
la enfermera, fue confinada en una habitación con bajas temperaturas y sometida a descargas eléctricas, mientras que los demás pasajeros sufrieron agresiones
físicas de gravedad.
Maricel Cáceres, madre de la detenida, confirmó que la acusación formal contra su hija corresponde al delito de terrorismo, a pesar de que al momento de la captura solo portaba su documentación de identidad colombiano y sus credenciales profesionales de enfermería.
La progenitora manifestó su preocupación ante lo que considera una falta de gestión institucional por parte de los organismos de consulado y cancillería.
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