La directora general de Corporinoquia, Diana Carolina Mariño, recordó a la ciudadanía y a las administraciones locales que cualquier aprovechamiento forestal en espacio público requiere obligatoriamente de un permiso previo emitido por la autoridad ambiental. Según explicó la funcionaria, estas solicitudes suelen tramitarse bajo el marco de la gestión del riesgo cuando un individuo arbóreo representa una amenaza real para la vida de las personas o la integridad de la infraestructura. No obstante, aclaró que la corporación debe realizar primero una visita técnica exhaustiva para verificar dichas condiciones y emitir un acto administrativo motivado, pues realizar estas intervenciones sin autorización constituye una infracción ambiental grave que puede derivar en procesos sancionatorios y multas considerables.

El análisis de la autoridad ambiental vincula gran parte de estas solicitudes a una falta de planeación histórica en el crecimiento de las ciudades, donde se sembraron especies inadecuadas para entornos urbanos que hoy generan conflictos con redes eléctricas, vías y construcciones. Mariño enfatizó que el problema de fondo no es la existencia de los árboles, sino la ausencia de criterios técnicos sobre qué especies plantar y en qué lugares. En este sentido, señaló que al estudiar los permisos se evalúa rigurosamente si los árboles pertenecen a especies con restricciones legales o vedas, en cuyo caso la autorización no procede, independientemente de la solicitud de la comunidad o los entes territoriales.

Finalmente, la dirección de Corporinoquia destacó que el país ha dado un paso importante hacia la regulación de estos entornos con la reciente sanción de la Ley de Ciudades Verdes en julio de 2025. Esta normativa obliga a los municipios y áreas

metropolitanas a realizar censos detallados de su arbolado y a mantener sistemas de información actualizados para la ciudadanía. Con este marco legal, el objetivo es transitar de una cultura de reacción ante el riesgo hacia una planeación preventiva y ordenada, evitando que la tala sea la única solución y promoviendo un inventario

forestal que proteja tanto el equilibrio ecológico como la seguridad de los habitantes en los centros urbanos.