La Defensoría del Pueblo ha emitido una contundente alerta sobre el deterioro del
debate democrático en Colombia durante el actual proceso electoral, señalando que
la proliferación de violencias digitales, discursos de odio y campañas de
desinformación comprometen gravemente la participación ciudadana y la integridad
de los aspirantes.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un balance del monitoreo realizado
entre marzo y abril, donde se evidencia que estas prácticas no solo afectan la
calidad de la deliberación pública, sino que ponen en riesgo la vida de los
candidatos y la confianza en las instituciones. Según el informe, el escenario político
actual se encuentra empañado por amenazas de muerte, difamación y la presencia
intimidante de actores armados en eventos públicos, situaciones que profundizan
las desigualdades estructurales del país.
El reporte destaca con especial preocupación la recurrencia de agresiones dirigidas
contra mujeres en la política, quienes enfrentan ataques sistemáticos basados en
estereotipos de género, sexualización y descalificaciones que buscan anular su
liderazgo.
Asimismo, la entidad identificó actos de prejuicio hacia personas con orientaciones
sexuales diversas y expresiones racistas contra candidaturas de comunidades
afrodescendientes e indígenas, lo que demuestra un patrón de exclusión violenta.
Entre las figuras públicas que han sido blanco recurrente de estas diversas
modalidades de hostigamiento, la Defensoría mencionó a personalidades como
Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aída Quilcué y Sergio
Fajardo, entre otros nombres de distintos sectores del espectro político.
Finalmente, la Defensoría advirtió que los entornos digitales actúan como
amplificadores de estos ataques, generando climas de miedo y autocensura que
silencian especialmente a las nuevas generaciones de votantes. Ante este
panorama, la entidad instó a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio del
Interior y a la Unidad Nacional de Protección a redoblar los esfuerzos de seguridad y
vigilancia.
El llamado también se extendió a los partidos políticos, medios de comunicación y
plataformas digitales para que asuman la responsabilidad de frenar la propagación
de hostilidades, garantizando que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de
manera libre, informada y en un ambiente de paz.
