El departamento de Arauca se consolida como uno de los epicentros de la crisis humanitaria en Colombia, tras revelarse cifras alarmantes sobre el impacto del conflicto armado durante el último año.

Según reportes conjuntos de la Unidad para las Víctimas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el territorio registró un total de 1.236 desplazamientos individuales y 79 casos de desplazamiento masivo. Sin embargo, la cifra más crítica corresponde al confinamiento, con 2.618 personas atrapadas en sus comunidades

debido al control de grupos armados, lo que restringe drásticamente su acceso a alimentación, servicios básicos y atención médica hospitalaria.

El deterioro de la seguridad no solo se refleja en la movilidad, sino también en el uso indiscriminado de métodos de guerra que afectan directamente a la población civil.

El CICR documentó 53 nuevas desapariciones y 20 víctimas, entre heridos y fallecidos, a causa de artefactos explosivos. Además, el organismo internacional advirtió sobre una tendencia emergente y peligrosa: el uso de drones adaptados para ataques, una modalidad que ha elevado el nivel de zozobra tanto en zonas rurales como urbanas del departamento, evidenciando un incumplimiento sistemático del Derecho Internacional Humanitario.

La crisis se extiende incluso a la labor de los profesionales de la salud, sector que ha sido blanco de 13 actos violentos según la Mesa Nacional de Misión Médica. Estas agresiones contra ambulancias, personal y centros asistenciales agravan la vulnerabilidad de las comunidades confinadas que dependen de brigadas externas. El panorama en Arauca se enmarca en una crisis nacional que el CICR califica como la más grave de la última década, instando a los actores armados a cesar las hostilidades contra los no combatientes y permitir el flujo de la asistencia humanitaria en un territorio que parece haber retrocedido años e