Veeduría ciudadana denuncia presuntas fallas de planeación en el proyecto de la doble calzada en Arauca
La veeduría conformada para supervisar el proyecto de la doble calzada en el municipio de Arauca ha manifestado su preocupación ante lo que consideran serias inconsistencias técnicas, jurídicas y de planeación en la ejecución de esta obra. Los voceros de la organización, Helmer Ariza y Carlos Guerrero, aclararon que el grupo no busca frenar el desarrollo de la infraestructura, sino asegurar que los recursos públicos se administren correctamente. Entre las principales críticas destaca la falta de adquisición previa de predios, un requisito que debió solventarse antes de iniciar los trabajos y que ha llevado al uso de espacio público para avanzar en las labores actuales.
Los representantes técnicos señalaron además que el contrato número 698 de 2025 presenta ambigüedades sobre el trazado vial y el objeto contractual, el cual parece centrarse más en un mejoramiento de vías y obras complementarias que en la construcción integral de una doble calzada. Según la veeduría, una porción significativa del presupuesto se ha destinado a redes de alcantarillado, obras
eléctricas y urbanismo, dejando una inversión proporcionalmente menor para la calzada misma. A esto se suman cuestionamientos sobre el manejo del tráfico por cierres viales no informados y la preocupación ambiental por la tala de árboles sin claridad sobre los mecanismos de compensación.
El proyecto, adjudicado al Consorcio Vial Arauca por un monto de setenta y seis mil setecientos veintitrés millones de pesos y un plazo de veinte meses, también enfrenta dudas financieras. La veeduría, integrada por veintidós profesionales, identificó discrepancias entre la longitud total del corredor proyectado y la extensión que finalmente será intervenida.
Asimismo, pidieron explicaciones sobre un rubro de siete mil cuatrocientos millones de pesos inicialmente destinado a la compra de predios, gestión que aparentemente fue asumida por la Gobernación con posterioridad. Ante estos hallazgos, el comité ha radicado derechos de petición para exigir transparencia y ajustes técnicos, mientras que la Secretaría de Infraestructura Departamental aún no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.
