El sector de transporte público individual en la capital araucana ha expresado su profunda preocupación ante la eventual entrada de plataformas como Uber, argumentando que no existe una igualdad de condiciones en las cargas económicas y regulatorias. Kevin Niño, líder del gremio, señaló que el debate no debe centrarse en el uso de la tecnología, sino en la disparidad de obligaciones entre el servicio
formal y los vehículos particulares. Según el vocero, mientras un taxista en Arauca debe asumir costos anuales de operación que oscilan entre los cuatro y cinco millones de pesos —incluyendo administraciones mensuales, pólizas contractuales y extracontractuales, y tarjetas de operación—, los conductores de aplicaciones operarían sin estas exigencias financieras y legales.
A la carga económica se suma el alto costo del parque automotor, ya que un vehículo destinado al servicio público puede costar casi el doble que uno particular del mismo modelo. Niño reconoció que existen deficiencias en la calidad de algunos
vehículos y en la atención al usuario, pero vinculó esta situación a la limitada capacidad de reinversión debido a los altos gastos de mantenimiento. En este contexto, el gremio también denunció el impacto directo del deterioro de la malla vial en la ciudad, donde las inundaciones y las obras de servicios públicos mal terminadas aceleran el desgaste de los automóviles, encareciendo aún más su actividad diaria.
En cuanto a la operatividad, el líder gremial destacó que las tarifas en Arauca están reguladas por decreto municipal, con una carrera mínima de siete mil quinientos pesos, mientras que los costos de combustible por jornada alcanzan hasta los setenta mil pesos. Además, advirtió que la deficiente conectividad de datos en varios sectores de la capital podría ser un obstáculo para el funcionamiento de las aplicaciones, mencionando que el gremio ha intentado modernizarse con herramientas digitales, pero han terminado dependiendo de sistemas más básicos como WhatsApp debido a las fallas de señal.
Finalmente, los taxistas exigieron a la Alcaldía y a las autoridades de tránsito un control más riguroso sobre el transporte informal, especialmente el mototaxismo, que ha mermado significativamente sus ingresos. El gremio enfatizó que no se
opone a la innovación tecnológica, sino que reclama una nivelación de la «cancha» para que todos los actores del transporte remunerado compitan bajo las mismas reglas. La postura de los conductores queda así en una expectativa vigilante, solicitando que cualquier transición hacia nuevos modelos de movilidad esté acompañada de garantías que protejan la inversión y el sustento de las familias que dependen del taxi formal.
