En un contundente pronunciamiento conjunto, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación demandaron el respeto absoluto por la vida, la integridad y la libertad de los servidores judiciales y uniformados de la Policía

Nacional que permanecen en poder del ELN en el departamento de Arauca.

Las altas instituciones recordaron que Colombia se fundamenta en un Estado Social de Derecho bajo la Constitución de 1991, donde la administración de justicia es una facultad exclusiva de los jueces y organismos de la Rama Judicial. Bajo esta premisa, rechazaron cualquier pretensión de grupos al margen de la ley de suplantar la justicia estatal y subrayaron que el secuestro constituye una violación flagrante a los principios básicos de la democracia y la dignidad humana.

El comunicado hace especial énfasis en la situación de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como de los integrantes de la Policía Nacional Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes completan meses de cautiverio.

Las entidades judiciales reiteraron la urgencia de su liberación incondicional y expresaron su gratitud hacia las organizaciones internacionales y autoridades religiosas que han mantenido canales humanitarios abiertos para verificar el estado de los plagiados.