La Defensoría del Pueblo emitió una alerta nacional tras consolidar diecinueve casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026.

A través de su sistema de registro oficial, la entidad evidenció que esta práctica

ilegal continúa vulnerando los derechos de la infancia en diversas regiones del país, afectando mayoritariamente a los hombres con un sesgo del 63 %, mientras que el 37 % restante corresponde a víctimas de género femenino. El reporte técnico subraya la urgencia de robustecer las estrategias de protección estatal en las zonas donde los grupos armados mantienen una presencia activa y coercitiva sobre la población civil.

En cuanto a la caracterización de las víctimas y los presuntos responsables, el informe detalla que el 90 % de los menores afectados no registra pertenencia a grupos étnicos específicos, mientras que las poblaciones indígenas y afrocolombianas representan, cada una, el 5 % de los casos identificados.

La Defensoría señaló al Estado Mayor de los Bloques y Frentes como el principal dinamizador de esta conducta con el 42,1 % de los reportes, seguido por el ELN con un 31,4 %. Otras estructuras como los Comandos de Frontera, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y diversas disidencias también aparecen en el

registro oficial, cada una con una incidencia del 5,3 % en los hechos denunciados durante los primeros tres meses del año.

El mapa delictivo histórico, con corte al cierre de 2025, permite identificar los focos territoriales de mayor riesgo, situando al departamento del Cauca a la cabeza con ciento sesenta y ocho casos documentados. En esta preocupante estadística también figuran Antioquia con treinta registros, Chocó con veinticinco y Norte de Santander con diecisiete, seguidos de cerca por Nariño, Valle del Cauca, Bolívar y Arauca.