La Fiscalía General de la Nación radicó de manera formal la solicitud de audiencia de imputación de cargos en contra de la exgobernadora encargada de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo.
La exmandataria es señalada de presuntas irregularidades en la aprobación, asignación y posterior ejecución de tres megaproyectos de infraestructura financiados con recursos públicos del Sistema General de Regalías (SGR), los cuales comprometieron una suma superior a los 91.542 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente estructurado por la Dirección Especializada contra la Corrupción del ente acusador, las anomalías se concentran en contratos destinados a obras de mitigación y protección, la optimización del alcantarillado pluvial y la adecuación técnica del relleno sanitario Brisas del Cravo, iniciativas civiles que debían ejecutarse en las jurisdicciones de los municipios de Arauca y Tame.
Entre los delitos que la Fiscalía imputará a la exfuncionaria se destacan contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
El eje central de la investigación apunta a que, durante la administración
departamental de Barrios Guarnizo (quien ejerció entre febrero de 2022 y enero de 2023), se designó de manera directa como entidad ejecutora de estos millonarios recursos a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA).
Según el ente acusador, esta asociación operaba bajo un esquema asociativo
municipal ficticio y no contaba con la idoneidad legal, la solvencia financiera ni la capacidad jurídica y técnica exigida por la normativa contractual del Estado para administrar y ejecutar rubros provenientes de las regalías nacionales.
La Fiscalía General de la Nación detalló que este proceso contra la exgobernadora de Arauca se desprende de una ofensiva judicial mucho más amplia orientada a desmantelar una sofisticada red de corrupción de alcance nacional. Dicho entramado criminal habría instrumentalizado figuras asociativas regionales para direccionar de forma irregular cerca de 101 proyectos de inversión pública en diferentes departamentos del país, tasados en más de 496.000 millones de pesos. Por este mismo cartel de las regalías, la justicia ya ha judicializado e imputado cargos a otras nueve personas —incluyendo directivos, contadores y coordinadores de planeación de AREMCA—, mientras se indaga el rastro de un millonario desvío relacionado con la evasión de la contribución especial de obra pública.
