La Personería Municipal de Puerto Rondón requirió formalmente al alcalde Henry Arley Gallardo López dar cumplimiento a las obligaciones en materia de bienestar y protección animal establecidas en la Directiva 012 de 2026 de la Procuraduría General de la Nación. El oficio, fechado el 30 de junio de 2026 y firmado por el personero Oscar Fernando Vanegas Ávila, solicita a la administración municipal presentar avances, planes de trabajo y soportes sobre las acciones implementadas en este ámbito.
El requerimiento exige a la Alcaldía elaborar un plan de acción orientado a la puesta en marcha de los Centros Regionales de Bienestar Animal (Plan CRBA), en cumplimiento del artículo 3° de la Ley 2499 de 2025. Dicho plan deberá ser adoptado mediante acto administrativo e incluir cronograma, metas verificables y fuentes de financiación, y deberá ser remitido a la Procuraduría en un plazo máximo de 90 días calendario.
Para fortalecer la capacidad técnica y financiera de estos centros, la Personería
instó a la administración a explorar la suscripción de convenios o asociaciones con otros municipios, entidades departamentales o instituciones del orden nacional.
Asimismo, solicitó adelantar gestiones ante la Sociedad de Activos Especiales
(SAE) para identificar predios o vehículos vinculados a procesos de extinción de
dominio que puedan destinarse al funcionamiento de dichos centros, y tramitar ante el Gobierno Nacional alternativas de cofinanciación que permitan sostener las acciones de protección animal en el municipio.
Entre las medidas con plazos más inmediatos figura la reactivación o creación de la Junta Defensora de Animales, cuyo funcionamiento deberá ser acreditado ante la Personería en un término de ocho días hábiles. En un plazo de 45 días calendario, la Alcaldía deberá además acreditar convenios vigentes con facultades de veterinaria y las gestiones adelantadas para fortalecer la medicina veterinaria forense.
El requerimiento también contempla la implementación de jornadas bimestrales de esterilización con acceso gratuito para la población priorizada de los grupos Sisben A, B y C, conforme a la Resolución 0229 de 2026; la entrega efectiva de apoyos en especie —como alimento y medicamentos— a la fundación Patitas Empolvadas; la realización de tres reuniones anuales con la Junta Defensora de Animales con publicación de las actas correspondientes; y la implementación del Curso de Sensibilización Contra el Maltrato Animal, garantizando la formación de los inspectores de Policía que atienden procesos verbales por este tipo de hechos.
