La Defensoría del Pueblo Regional Arauca presentó un preocupante balance de derechos humanos durante su audiencia pública de rendición de cuentas, realizada el pasado viernes 22 de mayo de 2026 en la capital departamental. El informe oficial reveló que entre los años 2023 y 2025 se notificaron formalmente 27 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el territorio, un flagelo que continúa ensañándose con la infancia llanera.
Las estadísticas detallan que el 52 % de las víctimas mapeadas corresponden al género masculino (14 casos), mientras que el 48 % restante involucra a niñas y adolescentes mujeres (13 casos).
El análisis de responsabilidad criminal expuesto por la Defensoría señala que las estructuras ilegales del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían vinculadas de forma directa con el 56 % de los expedientes reportados (cinco hechos con autoría plenamente identificada), en tanto que las disidencias de las Farc (Frentes 10 y 28) guardan relación con el 44 % de los casos, equivalentes a cuatro eventos documentados.
El informe cronológico determinó que la peor escalada de este delito se vivió en el año 2024 con un pico de 12 reportes, seguido por el 2025 con nueve y el 2023 con seis denuncias, concentrándose la mayor vulnerabilidad en los municipios críticos de Arauquita, Tame, Arauca y Saravena.
En medio del complejo panorama, la Defensoría reportó una gestión humanitaria que permitió la desvinculación y entrega a rutas de protección estatal de 26 menores de edad que se encontraban en las filas de estas organizaciones delictivas entre 2023 y 2025. Durante el 2023 se lograron rescatar 10 menores en localidades como Arauca, Arauquita, Tame y Saravena; para el 2024 la cifra operativa ascendió a 13 desvinculaciones en Tame, Arauca, Fortul, Puerto Rondón y Saravena; mientras que en el transcurso de 2025 se consolidaron tres retornos a la libertad en jurisdicciones de Tame y Puerto Rondón.
